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Obras por impuestos se desaceleran en las regiones

09 de agosto de 2018

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Las obras por impuestos (OxI) son un mecanismo que permite acelerar la inversión del sector público de la mano del empresariado privado. En el primer semestre de 2018 se han adjudicado solo 25 proyectos, con una inversión total que asciende a los 218.5 millones de soles, en 10 regiones. Esto representa una disminución de 60% en la inversión ejecutada, en comparación con el primer semestre del año anterior.
 
La inversión total en el país representa un 20% del PBI y está compuesta por inversión pública e inversión privada. La inversión pública incluye todos los egresos que realiza el gobierno como parte de su plan de política fiscal, mientras que la inversión privada es llevada a cabo por personas naturales y jurídicas (empresas) pertenecientes al sector privado. Las OxI, por su parte, nacen con la finalidad de ejecutar de forma más eficiente la inversión pública de la mano con actores del sector privado. Esta modalidad se pone en práctica en Perú desde 2009 y al día de hoy ha representado una inversión cercana a los 4,016 millones de soles, a través de 340 proyectos.
 
En lo que va del año 2018, tres regiones del sur han sido las más beneficiadas por este mecanismo. Cusco ocupa el primer lugar, con una inversión ejecutada que alcanza los 62.3 millones de soles, seguida por Arequipa, con 59.6 millones de soles, y por Moquegua, con 20.7 millones de soles.
 
 
El 80% de la inversión en obras por impuestos se concentra en tres sectores: educación, con el 42% del total; comercio, con el 19%, y saneamiento, con el 16%.
 
 
Sin embargo, en lo que va del año 2018 se han ejecutado 55% menos proyectos que en el mismo periodo del 2017. En lo que va del año, la inversión ejecutada pasó de 529 millones a 213 millones de soles, lo que significa una reducción en inversión ejecutada del 60%.
 
Ante esta situación, el pasado 23 de julio, el Congreso de la República emitió el Decreto Legislativo N° 1361, mediante el cual se otorgan facultades al Ejecutivo para legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, por un plazo de 60 días.
 
 
Fuente: Mercados & Regiones

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